Dr. Christian Campos Monge, Asesor Jurídico-Consultor.
La política de acceso a medicamentos de la CCSS no es un buen ejemplo de ejercicio de la potestad pública con inclusión y efectiva participación. A pesar de que su impacto, último, es en los pacientes, ni éstos ni sus organizaciones representantes, así como ni actores de este sector, les es factible comentar experiencia alguna, en su confección. Curioso esto en un país que pregona ser modelo de gestión pública.
Paradigma. En el ejercicio de los cargos públicos, nada hay más sano que oír. Eso de partir de que hay una sola verdad, no es sensato. Hay tonalidades variadas de la verdad, y la idea es identificar aquélla que base de un diálogo social. Dos elementos son clave para romper el paradigma de cómo se elabora la política dicha.
Por un lado, es necesario considerar que las administraciones públicas “…están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados” (S 2120-03, Sala Constitucional). Por otro lado, debe darse una toma de decisiones horizontal; es decir, se debe cumplir con el compromiso 13 que el país asumió en la 8va Cumbre de las Américas (abril/ 2018) de Lima, Perú. Debemos, en tal sentido, “…mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros actores sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental…”. Por ende, en el ejercicio del poder y concretamente, en el derrotero de confeccionar la política de acceso antes dicha, no se puede más que impulsar un proceso de toma de decisión horizontal.
Reto. Ahora, la CCSS debe saber que no está sola en la preocupación sobre el costo de los medicamentos, y la necesidad de abrir mercados, y generar más competencia. En efecto, quienes creemos en ello, bien sabemos que, si bien los medicamentos originales sintéticos y biológicos innovadores son necesarios y vitales para los pacientes, también reconocemos que los genéricos y biosimilares deben ser promovidos, para que, bajo un riguroso proceso de registro y autorización de venta, generen en los procesos de compra, los beneficios esperados de la competencia.
Pero, como en la especie no se busca competencia en el mercado de los confites, sino que se trata de medicamentos, debe ser un asunto país, pensar en qué política de acceso es la que debe privar. No cabe, en tal sentido, que ante el ingreso de los biosimilares, la CCSS sin consultar a nadie, aprobase un ajuste en la Política de acceso, introduciendo sus criterios, sin que, entre otros, el Ministerio de Salud asumiera la responsabilidad de decir qué posición tiene el respecto; tampoco era correcto, en ese ejercicio horizontal de los cargos públicos, que ante reclamos serios y fundamentados de los pacientes, se impusiera, sin oír el criterio de los médicos tratantes, y sin respetar el consentimiento informado, intercambiar forzosamente a los pacientes que, estables, ahora deben soportar una modificación del tratamiento. Menos es razonable que persistan en esa Política dudas muy serias dudas sobre la farmacovigilancia, y nada pasa. Como no es correcto continuar con un modelo de compra, que premia el menor precio, y en nada valora el desempeño del producto.
Desempeño. En efecto, la preocupación de no darse espacio a un proceso de farmaeconomía para abrir el cuadro básico de medicamentos a nuevas terapias, sea en innovadores, como para genéricos y biosimilares, como la ausencia de un modelo con acuerdo de riesgos compartidos basados en desempeño, deberían, entre otros, ser elementos que motiven un diálogo diáfano, inclusivo y participativo, para generar una nueva propuesta de política de acceso. Si CCSS estima algo así, es altamente probable que la judicialización de la salud disminuya porque en buena medida, los amparos -la inmensa mayoría ganados por pacientes- responden a criterios no necesariamente basados en evidencia, como sí en una forma de ver la seguridad social con números, y no con verdadero rostro humano; con eficiencia y eficacia en las reglas de acceso.
Así las cosas, cabe proponer una agenda que incluya debatir sobre la adherencia a los productos; a los datos de efectividad real en cada paciente; a las terapias innovadores; lo presupuestaria; la indudable apertura del mercado, con la promoción de más y mejor competencia. Por ahí puede estar una agenda de trabajo, donde la CCSS se sienta respaldada en sus preocupaciones, y los actores sumen para una política que cambie para bien el estado de las cosas.
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Las opiniones expresadas en esta publicación son del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública, su Junta Directiva, ni sus asociados.
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